En los últimos años, algunos países desarrollados han planteado la necesidad de combatir el sobrepeso mediante una adecuada política tributaria: incrementando la fiscalidad sobre aquellos alimentos procesados que fuesen menos saludables para el organismo, al mismo tiempo que se reduciría la carga impositiva sobre la beneficiosa dieta mediterránea, lo que estimularía un consumo responsable que, como resultado, daría lugar no solo a una nutrición más sana sino a un considerable ahorro para la sanidad pública. No olvidemos el altísimo coste económico que supone el riesgo de padecer cuadros clínicos como las enfermedades coronarias o la diabetes, tan relacionados con el hábito de ingerir comida basura o beber refrescos excesivamente azucarados; pero -como reconoció la OCDE en un informe que publicó en 2010 para analziar La obesidad y la economía de la prevención, redactado por Franco Sassi- los gobiernos se resisten a utilizar reglamentaciones y medidas fiscales debido al complejo proceso regulatorio, a los costos de aplicación, y la probabilidad de confrontación con las industrias dominantes. Esta es la singular propuesta que he publicado en el número 55 de la revista CONT4BL3 [septiembre 2015] que edita la AECE y dirige Julio Bonmatí.
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