En mayo de
1970, diecinueve personas llegaron a la
isla de hielo de Fletcher, situada en el Océano Ártico, con intención de permanecer allí hasta finales de septiembre o principios de octubre, coincidiendo con los últimos días del verano boreal, cuando resultaba casi imposible acceder a la llamada
base Bravo. Entre sus integrantes se encontraban el director de la instalación [
Bennie Lightsey, un funcionario del Instituto Meteorológico de Estados Unidos, de 31 años, procedente de Louisville (Kentucky), que fue la víctima]; un técnico electrónico contratado por el
General Motors Defense Research Laboratory, residente en Santa Bárbara (California) y origen mexicano, llamado
Mario Jaime Escamilla, de 33 años y padre de 5 hijos (el agresor); y el verdadero causante del mortal enfrentamiento [el esquimal
Donald “Porky” Leavitt, empleado por el
Arctic Research Laboratory]. El homicidio ocurrió el
16 de julio de aquel mismo año y se convirtió en
un crimen único porque todo sucedió sobre un enorme trozo de hielo que medía 50 kilómetros de circunferencia y tenía un espesor de 60 metros, mientras flotaba a la deriva. Se trataba de la
isla de hielo más grande y sólida que se había descubierto hasta entonces y, al parecer, habría podido surgir al fracturarse la plataforma de la costa norte de la isla canadiense de Ellesmere. Aquel suceso planteó un interesante debate a la doctrina científica:
¿qué país tenía jurisdicción para resolver ese homicidio si aquella ice island no se encontraba bajo la soberanía de ningún Estado? Este curioso caso real es el tema sobre el que trata el artículo que he publicado en el número 35 de la revista
Quadernos de Criminología.
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| La base Bravo en la isla de hielo Fletcher |
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