En España, como en el resto de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno europeo, la poligamia es un delito y los segundos matrimonios se consideran nulos; a pesar de ello, el orden social español –como sucede en Francia, Portugal, Alemania o Bélgica– otorga efectos jurídicos a esta institución al reconocer el derecho de las viudas de un trabajador polígamo a percibir sus correspondientes pensiones; con el agravante, en nuestro caso, de que las resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, sobre este asunto, mantienen un criterio contradictorio que seguirá generando inseguridad jurídica hasta que el Tribunal Supremo unifique su doctrina. El artículo que he publicado sobre Las Consecuencias jurídicas de la poligamia en las pensiones de viudedad, en España y la Unión Europea es el tema de portada del número 1/2015 de la Revista Aranzadi Doctrinal editada por Thomson Reuters Aranzadi y dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Salas Carceller.
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