El 19 de agosto de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] emitió la opinión consultiva OC-21/14 para resolver la consulta que habían formulado Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sobre los Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el Contexto de la Migración y/o en Necesidad de Protección Internacional, con el fin de que este órgano judicial panamericano determinara, con mayor precisión, cuáles son los estándares, principios y obligaciones concretos de los Estados en materia de Derechos Humanos de las personas migrantes y, en particular, en lo que se refiere a los derechos de los niños migrantes e hijos de migrantes. La propia Corte de San José fue consciente de que su respuesta va a prestar una utilidad concreta dentro de una realidad regional caracterizada por un déficit de la legislación y de las políticas públicas en este ámbito.
En su opinión, los Estados deben priorizar el enfoque de los Derechos Humanos al diseñar, adoptar e implementar sus políticas migratorias relativas a personas menores de 18 años de edad, desde una perspectiva que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de niñas y niños y, en particular, su protección y desarrollo integral, que deben primar sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos; destacando, asimismo, la obligación de respetar plenamente el derecho de los niños a ser oídos sobre todos los aspectos relativos a los procedimientos de migración y asilo y que sus opiniones sean debidamente tenidas en cuenta. En este contexto, el interés superior del menor –concebido como un criterio rector– debe protegerse, de forma primordial, tanto a la hora de establecer cualquier política pública como al elaborar la normativa concerniente a la infancia o adoptar decisiones administrativas o judiciales, aplicándolo en todos los órdenes relativos a la vida de los niños.
Para comentar esta importante cuestión, he publicado un artículo titulado La opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre los derechos y garantías de los niños migrantes [OC-21/14] en el número 39 de la Revista de Derecho Migratorio y Extranjería que dirige Pascual Aguelo y Thomson Reuters Aranzadi publica cada cuatrimestre desde 2002.
14 de julio de 2015
24 de junio de 2015
«"Top 10" y tabú: decálogo de delitos impertinentes» en DyCS #41
Hasta ahora, en España no se prohibía mantener relaciones sexuales con un animal. De hecho, ni el ordenamiento jurídico mencionaba el bestialismo ni la jurisprudencia se había ocupado de esta cuestión más allá de cuatro sentencias del Tribunal Supremo que lo abordaban de forma tangencial; tampoco ha sido un tema debatido por la doctrina científica ni ha ocurrido ningún suceso que provocara una inusitada alarma social, por lo tanto, no parece que existiera ninguna necesidad imperiosa que justificara tipificarlo como delito. Sin embargo, el legislador decidió dar nueva redacción al Art. 337 del Código Penal y, desde el 1 de julio de 2015, este comportamiento es una conducta delictiva y se sanciona con una pena de tres meses y un día a un año de prisión. Su reciente tipificación es un buen ejemplo de las conductas que, en todo el mundo, podríamos delimitar bajo la rúbrica más genérica de “los delitos impertinentes”.
Este artículo -que se publica en el número 41 (julio 2015) de la revista peruana Derecho y Cambio Social dirigida por el abogado Pedro Donaires- analiza las torturas y penas o tratos inhumanos o degradantes, el aborto, el canibalismo, el estupro, el bestialismo, el incesto y la endogamia, la bigamia y la poligamia, los vientres de alquiler [la maternidad subrogada], la prostitución y los asesinatos selectivos. Son diez comportamientos que los legisladores tipifican no por razones jurídicas, criminológicas o de estricta política criminal –como debería ocurrir– sino por otras motivaciones ajenas al Derecho que le impiden sustraerse de una rémora histórica, moral, ética, religiosa, social o política. Parafraseando el ensayo “Tótem y tabú” de Sigmund Freud, estas conductas conforman un singular «Top 10» donde el término polinesio "tabú" –que significa “lo prohibido”– debe entenderse en el sentido que el psicólogo Wilhem Wundt estudió hace ya más de un siglo, concibiéndolo como “el más antiguo de los códigos no escritos de la humanidad (…) hasta que se convierte en una prohibición impuesta por la tradición y la costumbre y, en último término, por la ley”.
13 de junio de 2015
«Los delitos relacionados con el acoso: bullying, mobbing y otras conductas de hostigamiento» en Actualidad Penal #13
Con el fin de perturbar a la víctima en cualquier faceta de su vida –ya sea en el ámbito personal, familiar, profesional o laboral– y conducirla a un estado de agresión física o verbal reiterado y permanente, el acosador no dudará en emplear cualquier medio a su alcance para hostigarla, lo que supone recurrir no solo a la calumnia, el insulto o la infamia sino también a las amenazas e incluso incurrir en un delito de lesiones que, en el peor de los casos, pondrá fin al acoso provocando intencionadamente su muerte. La pluralidad de situaciones que se pueden plantear resulta tan amplia que, en algunos supuestos, la Justicia se encontrará ante la inesperada dificultad de tener que calificar jurídicamente ciertas conductas delictivas de acuerdo con alguno de los tipos penales ya existentes y, cuando no pueda subsumirlas en ninguno de ellos, el legislador deberá tipificar nuevos delitos, acordes con las circunstancias. Este artículo -que se publica en el número 13 (julio 2015) de la revista peruana Actualidad Penal, editada por Instituto Pacífico, líderes en el análisis de información legal y contable- reflexiona sobre una docena de diferentes tipos de acoso [bullying, ciberbullying, griefing, flaming, outing, sexting, child grooming, mobbing, bossing, blockbusting, stalking y happy slapping] con un denominador común: la preocupante tendencia que representan internet, las nuevas tecnologías y las redes sociales en nuestra vida cotidiana, haciendo que –muchas veces– la realidad supere a la regulación del ordenamiento por un uso delictivo de todos esos medios.
27 de abril de 2015
«Europa da los primeros pasos para regular el consumo colaborativo» en AJA #904
¿Qué propuestas están tramitando los legisladores para regular el negocio que se ha generado alrededor del consumo colaborativo? Ni las Naciones Unidas ni el siempre atento Consejo de Europa han adoptado ningún documento importante; en cambio, el órgano consultivo de la Unión Europea –el Comité Económico y Social Europeo– sí que ha elaborado un significativo dictamen sobre el Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI, que se aprobó casi por unanimidad durante el pleno que el CESE celebró el 21 de enero de 2014.
En su opinión: el consumo colaborativo comparte muchos objetivos de las políticas de la Unión, especialmente del mercado interior, tales como aumentar la eficiencia de los recursos, avanzar en la innovación social, generando empleo y prosperidad económica. Muchas empresas nuevas de consumo colaborativo realizan sus operaciones en el territorio de la Unión, por lo que el continente puede convertirse en una «incubadora» de nuevos modelos de negocio que cree un desarrollo económico más sostenible. Sobre este tema he publicado el artículo Europa da los primeros pasos para regular el consumo colaborativo, en el nº 904 (abril de 2015) de la revista Actualidad Jurídica Aranzadi. La publicación quincenal del grupo editorial Thomson Reuters que informa en profundidad sobre los temas jurídicos candentes.
5 de abril de 2015
«La jurisprudencia sobre el delirio querulante y otras dos psicopatologías jurídicas» en DyCS #40
Si la psicopatología es el “estudio de las causas y naturaleza de las enfermedades mentales” y el adjetivo jurídico hace referencia a lo “que atañe al derecho o se ajusta a él”, podríamos definir las psicopatologías jurídicas como aquel comportamiento del ser humano, motivado por un trastorno mental, que tiene incidencia en la Administración de Justicia. Dentro de ese amplio margen de conductas –que el diagnóstico de un experto consideraría, sin duda, como anormales– el artículo La jurisprudencia sobre el delirio querulante y otras dos psicopatologías jurídicas que he publicado en el número 40 de la revista on line peruana Derecho y Cambio Social, se centra en el análisis de las resoluciones que han dictado los juzgados y tribunales, españoles e internacionales, en relación con el delirio querulante, la locura testamentaria y el singular síndrome amok.
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Artículo criminológico,
Artículo jurídico
17 de marzo de 2015
«Las principales resoluciones de la Corte de Estrasburgo en materia tributaria» en CONT4BL3 #LIII
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se estableció en la capital alsaciana en 1959 con el objetivo de garantizar que los Estados partes del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales cumplieran con las obligaciones derivadas de esta Convención, que se firmó en Roma, en 1950. Desde entonces, la denominada Corte de Estrasburgo ha tenido que resolver diversos asuntos relacionados con el ámbito tributario, conjugando el derecho a un proceso equitativo (Art. 6 CEDH) de los ciudadanos con el derecho que poseen los Estados de poner en vigor las Leyes (…) para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas (Art. 1 del Protocolo Adicional que se añadió al Convenio, en 1952). Como resultado, los contribuyentes europeos han recurrido al TEDH en numerosas ocasiones. El artículo Las principales resoluciones de la Corte de Estrasburgo en materia tributaria trata de divulgar algunas de sus sentencias más significativas en el número 53 de la revista CONT4BL3 que edita la AECE. Asimismo, en la sección Anecdotario de este mismo ejemplar he publicado la singular historia sobre La ancestral fiscalización de la prostitución.
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Artículo contable,
Artículo jurídico
18 de febrero de 2015
«La observancia de los ritos funerarios musulmanes y la policía sanitaria mortuoria» en El Cronista #50
El ejercicio de la libertad religiosa de los musulmanes en el Viejo Continente conlleva la observancia de todas las formalidades del rito para realizar un enterramiento digno y acorde con sus creencias; pero el habitual margen de apreciación que Europa reconoce a las autoridades nacionales –para que sean sus propios legisladores quienes, de acuerdo con su derecho interno, aprecien las necesidades y condiciones que inciden en la esfera íntima de cualquier religión– está ocasionando un desigual ejercicio del Islam no solo entre los diversos Estados europeos sino incluso dentro de un mismo país, como sucede en España. El artículo La observancia de los ritos funerarios musulmanes y la policía sanitaria mortuoria (española y europea) -que analiza el marco jurídico que regula estas exequias fúnebres proponiendo algunas reformas legales- se ha publicado en el número 50 de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, editada por Iustel. Una publicación periódica donde se establecen críticas y orientaciones a las políticas públicas y a las propuestas de los legisladores, dirigida por el catedrático Santiago Muñoz Machado.
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